Claro que estamos de acuerdo con el anuncio del presidente electo Gustavo Petro, de avanzar en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y encontrar salidas jurídicas, de otro lado, para el sometimiento de organizaciones delictivas, vinculadas fundamentalmente al paramilitarismo y el narcotráfico.

Se avecina, con el nuevo gobierno, un cambio de perspectiva y de acción muy profundo en torno a la seguridad y la paz. Pasaremos de una negativa total del presidente Duque a hablar con alzados en armas y con delincuentes, e incluso, de negar la existencia del conflicto interno; a un modelo en el cual la institucionalidad podría ofrecer cese bilateral del fuego a la guerrilla del ELN

Petro conoce el horror de la guerra y los beneficios de la paz. Él es producto de un diálogo y un acuerdo de paz firmado con entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19. Ha estado en la legalidad y respetando los lineamiento de la democracia durante más de tres décadas. Ha combatido en la urnas por el favor electoral y ha ganado espacios en el Congreso, la Alcaldía de Bogotá y ahora la presidencia de la República.

La paz, además de ser un derecho de la sociedad, es un deber que debe perseguir quien esté ejerciendo como Presidente de Colombia, de acuerdo con la Constitución. Por esa razón, es fundamental rodear al mandatario en sus intenciones de parar la oleada de violencia que se ha vuelto a tomar el país y que recrudece en la fase final del gobierno de Duque.

Muchos lugares de Colombia son charcos de sangre y escenarios de desplazamiento. Hemos tenido que asistir, como en los peores momentos de la guerra declarada por el narcotráfico, a un “plan pistola” contra los policías, cobrando la vida, hasta hoy, de 35 agentes, una acción que todos debemos rechazar contundentemente y la mejor forma de hacerlo es seguir luchando en favor de la paz.

Los risaraldenses y en general los habitantes del eje cafetero, hemos tenido la percepción de que estamos alejados de las consecuencias fatídicas del conflicto armado, sin embargo, la Comisión de la Verdad, nos cuenta una historia distinta. Durante las seis décadas del conflicto, en toda la región hubo 300 mil víctimas.

En Caldas, Quindío y Risaralda nos concentramos en ver la guerra interna en otras regiones del país, a pesar de que aquí, según la Comisión, operaron 13 grupos guerrilleros, 14 organizaciones paramilitares y 7 corredores geográficos por donde circularon las fuerzas irregulares y delictivas y las fuerzas militares.

Para que en el eje cafetero, y en general en Colombia, podamos vivir en paz, tendremos que seguir haciendo esfuerzos y firmando y cumpliendo acuerdos para que todos los actores de la guerra pacifiquen sus espíritus y silencien sus armas. Acogemos la propuesta de los diálogos regionales de paz.