Entre los problemas más críticos que enfrenta Risaralda, es la dificultad de las personas de tener acceso seguro, pronto y de calidad al sistema de salud y la sostenibilidad económica de este. Uno de los elementos de esta problemática, se relaciona con la manera cómo las EPS eluden selectivamente su responsabilidad legal de contratar una parte importante de los servicios, con la red hospitalaria pública.

Sabemos que la fracción menos jugosa y menos atractiva se contrata con los hospitales públicos, pero aquella relacionada con imágenes, laboratorios y especialidades, que es la que permite mayor facturación y mejores resultados económicos, se orienta hacia el sector privado. Una actitud discriminatoria que exige una respuesta contundente de la Secretaría de Salud de Risaralda.

Esta Secretaría debe estar acompañada, para este propósito, de actores políticos, quienes debemos tomar posiciones reivindicatorias, no solo a nivel territorial, sino en el escenario nacional. La responsabilidad es proteger los intereses del sistema público de salud. No nos podemos quedar únicamente en el lamento. Hay que actuar con contundencia, pero para ello la Secretaría de Salud debe proveer suficiente información, lo cual exige que ella esté más vigilante de la actuación de las EPS.

Otro elemento crítico que contribuye a dificultar el acceso a la salud de la población, de todos los estratos sociales, es el traslado de miles de afiliados de unas EPS liquidadas a otras que están en operación, pero que tienen dificultades para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes, la aprobación de exámenes, intervenciones quirúrgicas y medicamentos. La queja actual, es que las personas tienen que volver a repetir los procesos administrativos y burocráticos, mientras deben soportar los efectos negativos de sus enfermedades.

El programa liderado por el gobernador Víctor Manuel Tamayo, cuyo fin es garantizar el acceso a los servicios de salud de la población, intermediando directamente con las EPS, ha desnudado un problema que hemos heredado de las improvisaciones de la Superintendencia de Salud, al trasladar pacientes a unas entidades que no están en capacidad física, tecnológica y operativa de responder oportunamente por el aseguramiento de miles de afiliados que les llegan de improviso.

Cuánto agradeceríamos que la Secretaría de Salud tuviera una información precisa sobre el nivel de traumatismo que se ha causado en Risaralda a los ciudadanos por los cambios de EPS. Muchas personas nos preguntan sobre cuál es el acompañamiento que está ofreciendo el gobierno departamental para superar los problemas que genera esta migración de miles de afiliados de todas las condiciones económicas.

Finalmente, el interés que debe mover a los estamentos de Risaralda es la defensa de la salud del departamento. Es un tema que a todos nos interesa. Por lo que la Secretaría de Salud nos debería contar, de manera periódica, a partir de sus análisis, cuál es el presente y el futuro que se avizora para los hospitales San Jorge, Santa Mónica y San Pablo, y cómo va a ser la convivencia y complementariedad con el hospital de cuarto nivel.

* Diputado de Risaralda. Zootecnista, especialista en Gestión y Planeación Estratégica.