Con qué derecho alguien insulta a una comunidad o a una persona por el color de su piel, su credo religioso, su condición social o su orientación sexual. Y como no existe derecho para hacer ello, las leyes colombianas, en buena hora, tipifican ese comportamiento como un delito.

La ley 1752 de 2015 tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación y aplicar las sanciones penales correspondientes.

Los que violan esta Ley, deben saber que impedir, obstruir, hostigar o restringir arbitrariamente el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, se enfrentan a prisión de 12 a 36 meses y multas de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, cuando las conductas delictivas se hagan en espacios públicos, a través de medios de comunicación, por funcionario público, estén dirigidas contra niños, adolescentes o adultos mayores, o afecten derechos laborales, la pena de prisión se aumentará una tercera parte.

En los últimos días, por sólo poner un ejemplo, hemos observado a través de los medios de comunicación hechos bochornosos de agresiones raciales. Una de ellas contra la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, sobre lo cual quiero detenerme.

Los términos en los cuales fue injuriada la doctora Márquez, generaron un rechazo mayoritario de los colombianos, pero no unánime. Usuarios de redes sociales aplaudieron esta afrenta y la profundizaron, en una actitud francamente penosa, que nos pone a reflexionar sobre las causas que generan tanto odio en el corazón de esas personas.

Bien vale la pena que en los hogares, en los centros educativos, en los espacios laborales, y, en general, en toda la sociedad, meditemos sobre la urgencia de redimensionar nuestros valores y cuestionarnos sobre esos comportamientos que hieren el alma y estrujan el honor de millones de compatriotas.

Los negros e indígenas en Colombia ocupan territorios que han sido tocados muy marginalmente por la inversión pública, y a pesar de ser ciudadanos colombianos, sus derechos a la igualdad han sido conculcados. Es por esta razón, que son ellos quienes más sufren de pobreza, miseria y subdesarrollo.
Nacer negro e indígena en Colombia es un factor determinante para no poder avanzar en la escala social. Y es precisamente contra esto, que nuestra sociedad debe luchar y en especial los jóvenes, que estamos tratando de construir una sociedad más justa e incluyente.

Cuán beneficioso sería para la consolidación de la convivencia social, que los reportes de agresiones racistas en los estadios, en las calles, en los aeropuertos, en los supermercados y en las escuelas, fueran una excepción. Y que no tuviéramos exhibidos en los medios de comunicación y en las redes virtuales, carteles de “se busca” a personas que violan la ley y carecen de los mínimos de compasión humana.