Es evidente el respaldo que se le ha dado a la minería artesanal que se desarrolla en varios municipios de Risaralda. Pero lo que no cuenta con la aceptación social y política es la minería a gran escala, que amenaza la mayor parte del territorio departamental, luego de que la Agencia Nacional Minera aceptara estudiar el otorgamiento de licencias para ese propósito en municipios como Belén de Umbría y Guática, y a los cuales se podrían unir Santa Rosa de Cabal y otros.

El anuncio de esa Agencia Minera a través de resolución, de que podrían adjudicar licencias de explotación minera en Belén de Umbría afectando hasta el 98% de su territorio, despertó la preocupación y la indignación de las autoridades y de organizaciones ambientales y cívicas.

Una minería a gran escala en municipios cuya vocación es la agricultura, la agroindustria y el turismo, ocasionaría una grave crisis social y económica, además de generar conflictos que afectarían la paz y la tranquilidad en que sus habitantes viven su cotidianidad.

Al rechazar los intentos de grandes compañías de tener enclaves mineros en municipios de Risaralda, estamos enviando un claro mensaje de defensa de nuestros bienes ambientales. Una extracción minera de gran tamaño atentaría especialmente contra nuestros bosques y la riqueza hídrica.

Es claro que conocemos las consecuencias adversas de la actividad minera para el ambiente. Tenemos muchos espejos qué mirar y no pretendemos repetir las malas experiencias vividas por otras regiones.

No está en la agenda de Risaralda atentar contra el Paisaje Cultural Cafetero, por privilegiar una actividad económica que es lejana a nuestra tradición, aunque registramos que cerca de 8.000 personas se dedican de manera artesanal a la minería de subsistencia, que como lo expresé al comienzo, la hemos respetado y apoyado en localidades como Quinchía, Apía, Mistrató y Pueblo Rico, donde hay extracción de oro, manganeso, cobre y zinc.

La prueba de que apoyamos la pequeña minería es que respaldamos desde la Asamblea Departamental la iniciativa del Gobernador de crear la Dirección de Desarrollo Minero, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, buscando mejorar las condiciones laborales y los emprendimientos de los mineros informales, capacitándolos para que ejecuten sus actividades de manera responsable con el medio ambiente.

Según datos de la Dirección Minera, Risaralda, que tiene una extensión de 355 mil hectáreas, evidencia que el 76% de su territorio es susceptible de minería. Sin embargo, hoy los 82 títulos mineros existentes equivalen al 5% del territorio, o sea, 18 mil hectáreas.

Esta discusión sobre la minería en Risaralda, se da en momentos en los cuales el presidente electo Gustavo Petro, ha dicho claramente que los puntales de su gobierno son la protección del medio ambiente, el impulso de un capitalismo productivo no extractivista y el fortalecimiento de la paz.

A propósito del clamor de ciudadanos de varios municipios risaraldenses, preocupados por una posible invasión minera en sus territorios, consideramos que es el momento de fortalecer los principios de la Ordenanza que promovimos y que denomina a Risaralda como modelo de conservación de la biodiversidad para el mundo; lo que conllevaría a que cada uno de nosotros hagamos parte de la lucha por la defensa de los recursos naturales.

El mensaje es claro: No queremos la gran minería en nuestro departamento.

* Diputado de Risaralda. Zootecnista, especialista en Gestión y Planeación Estratégica.